Leonel Fernández no declina porque, pese a las humanas tentaciones, reconoce la supremacía de la Constitución y su deber de respetarla. Por el contrario. Buena parte de su discurso estuvo dedicada a demostrar que carecen de razón quienes afirmaron que la hasta hoy eventual postulación sería violatoria de la Constitución. Se empeñó en “desmontar” esta interpretación enumerando prolijamente los mecanismos a la mano si hubiera decidido aventurarse en el 2012. ¿Acaso no cuenta con la incondicionalidad del Congreso, su arma arrojadiza contra cualquier prurito jurídico?
Lo dijo enfático: no hay impedimento constitucional ni jurídico que se interponga su voluntad. Sus consideraciones no son legales ni constitucionales, sino políticas. Si renuncia, como ya lo hizo en el 1998 cuando el propio Joaquín Balaguer le propuso salvar la patria de demagogos e irresponsables, es porque él resuelve hacerlo pese a tener a más de dos millones de electores en el bolsillo y un currículo político rebosante de victorias logradas por su genio. Su decisión no es, por tanto, un acto de acatamiento democrático de la Constitución, sino magnanimidad personal, condescendencia con esta sociedad política ágrafa sobre la que planea sin ni siquiera salpicarse. Por eso protagoniza, por segunda vez, “lo que no se había hecho en la historia dominicana: declinar, de manera voluntaria y espontánea, con actitud de desprendimiento, a una nueva repostulación presidencial”. Termino como comencé: no hubo en lo dicho por Fernández grandeza moral o política alguna, pero sobró un enfermizo narcisismo que termina provocando malestar. Quizá Fernández no lo ha pensado, pero este discurso, que banaliza las instituciones, que eleva a categoría de premisa conceptual el viejo refrán de que quien hace la ley también hace la trampa, puede ser su batalla de Zama.
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