La reciente decisión gubernamental de prohibir la extracción de materiales de los ríos, revive un viejo debate sobre los daños causados por esa lucrativa actividad, que junto a la deforestación, constituye un problema que debería ser considerado como “de seguridad nacional”.
En el año 2000, los ecologistas de la República Dominicana libraron una gran batalla contra las llamadas “granceras” y la explotación indiscriminada de arena y otros materiales destinados a la industria de la construcción, que se realizaba y aún persiste en los cauces de 136 ríos diseminados en toda la geografía nacional, según un estudio realizado por la Academia de Ciencias de República Dominicana.
En los meses de enero y febrero del citado año, la desesperación se hizo presente en múltiples barrios de Santo Domingo, a causa de la escasez de agua, donde pasaban semanas sin que apareciera ese líquido vital en las conexiones domiciliarias.
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